Depositan querella contra ministro de Obras Públicas

Depositan querella contra ministro de Obras Públicas.

Depositan querella contra ministro de Obras PúblicasSurun Hernández

La Fundación Primero Justicia depositó hoy ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa  Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca)  una querella en contra del ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención Burgos, por alegadas irregularidades por más de 600 millones de pesos en la sobrevaluación del Proyecto de Ampliación de la Autopista de San Isidro.

El presidente de la entidad, Miguel Surún Hernández, quien  aspira a la candidatura alcalde de ese municipio, dijo que la obra fue asignada sin licitación.

También el empresario Manuel García Mejía, quien junto a Surún depositó la querella en la PEPCA  dijo que la ampliación de la autopista fue asignada a la Constructora Cogusa, S.R.L, sin licitación en violación a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.

El abogado Surún Hernández habla con los periodistas luego de depositar la querella contra el ministro de Obras Públicas por supuestas anomalía en el proyecto de ampliación de la autopista de San Isidro
El abogado Surún Hernández habla con los periodistas luego de depositar la querella contra el ministro de Obras Públicas por supuestas anomalía en el proyecto de ampliación de la autopista de San Isidro

Aseguraron que  la construcción de dicha obra tiene más de 600 millones de pesos en sobrevaluación.

La Fundación Primero Justicia y el comerciante Manuel García Mejía explicaron en la querella que la constructora Cogusa SRL también varió el diseño original de dicha autopista, adicionándole una marginal y un muro que elimina los retornos, reduciendo los carriles de 6 a 4, cerrando el acceso a los comercios y residenciales, incluyendo el cierre de varias calles, trastornando el tránsito y la vida de los residentes y de cientos de Comerciantes de la zona, quienes se encuentran condenados a la quiebra por el cierre de accesos a sus negocios, según los denunciantes.